Enreda a Trife regular difusión en redes

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AUTOR. Staff


La regulación de la promoción en redes sociales de aspirantes a cargos de elección popular dividió a los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Tribunal discutió una denuncia por promoción indebida en Facebook y Twitter del dirigente del PAN, Ricardo Anaya, un día después de que el INE anunció que creará lineamientos para restringir todos los esquemas de publicidad utilizados por los aspirantes presidenciales, incluidas las redes sociales.

Anaya fue acusado de actos anticipados de campaña luego de que una supuesta organización llamada “Lo Mejor para México” difundiera en sus perfiles videos e imágenes de la participación del dirigente panista en eventos realizados en marzo.

El proyecto de sentencia, elaborado por la magistrada Gabriela Villafuerte, propuso declarar que no hubo infracciones, por un lado, porque fue imposible determinar que dicha organización existiera realmente, ya que no tiene registro, y, por el otro, porque los imputados negaron ser titulares de las cuentas denunciadas.

Villafuerte expuso que tanto en Twitter como en Facebook existen mecanismos que permiten verificar o “autenticar” que una cuenta “en el mundo virtual corresponde a una persona determinada en el mundo físico”, lo que no pudo ser acreditado en el caso de “Lo Mejor para México”.

“Además de la negativa categórica de los involucrados, carecemos de algún elemento que nos permita tener indicios que los vincule con estas cuentas y que nos abra la puerta para someterla a algún escrutinio o pronunciamiento judicial de esta Sala Especializada.

“Es decir, estas ligas electrónicas ni siquiera pueden ser sometidas o enjuiciadas dadas las particularidades de este asunto, de ahí que se proponga tener como inexistentes las infracciones denunciadas”, propuso en su proyecto.

La magistrada María del Carmen Carreón, si bien manifestó su apoyo a la petición de declarar que no hubo infracción, apuntó que la resolución no debía basarse en la imposibilidad de verificar la identidad de los dueños de dichas cuentas, sino por el mero hecho de que el TEPJF ya había declarado anteriormente que las redes sociales son espacios de plena libertad.

En ese sentido, Carreón criticó que su colega introdujera en el análisis ciertos elementos de las políticas y reglas de operación de Facebook y Twitter para la generación de perfiles, como la “autenticación”, cuando, apuntó, el Tribunal ha resuelto que las infracciones ocurren sólo cuando considera que se ponen en riesgo valores fundamentales.

“Mi observación está basada en la consistencia que, desde mi perspectiva, debemos tener como operadores jurídicos al resolver casos que guardan este tipo de similitudes para, de esta forma, seguir consolidando los criterios adoptados por este órgano jurisdiccional en sus precedentes.

“Con ello no quiero decir que nunca debamos cambiar o reanalizar en cada caso la hipótesis planteada, sino que este asunto no ameritaría tener que generar un cambio o modificación, por mínima que pudiera parecer en su tratamiento”, afirmó.

Villafuerte replicó que esta caso era inédito y ameritaba un tratamiento particular, distinto al usual criterio de absoluta libertad de las redes sociales, dado que los imputados negaron tener vínculos con las cuentas denunciadas, las cuales, por cierto, pertenecen a una organización que existe en el mundo virtual pero no en la realidad.

Explicó que su proyecto de sentencia no busca modificar ese criterio de libertad sino “ir más allá”, acudiendo para ello a los procesos de verificación de la identidad que disponen los propios servidores de Twitter y Facebook.

Agregó que lo novedoso de esta resolución es que plantea sacar del ámbito de escrutinio de la Sala Especializada los casos en los que resulta imposible fincar responsabilidades, no ya por el mero criterio de la plena libertad de las redes, sino porque ni siquiera en ese ámbito virtual es posible definir a un sujeto concreto.

Advirtió que, de no introducir esta consideración, las sentencias del Tribunal ya no se ajustarían al terreno de lo objetivo y de la certeza.

“Lo que hace el proyecto, al ni siquiera someterlo a la mesa de discusión jurisdiccional, es darle certeza a la posibilidad o a lo que hay en el mundo virtual, que hay algunas cuentas que ni siquiera puedan ser sometidas a un ejercicio de verificación. Es decir, el órgano jurisdiccional se queda al margen de poder hacer algún pronunciamiento, aun cuando sea de libertad.

“Este sería el caso que, desde mi punto de vista, nos pone, es el ejemplo en donde hay veces que el mundo virtual ni siquiera está delineado o perfilado para someterse a la jurisdicción de esta Sala Especializada: la libertad absoluta es lo que se consolida con esta propuesta”, afirmó.

La magistrada Villafuerte sugirió incluso que esto podría dar la pauta para que otros casos semejantes no sean turnados a la Sala Especializada.

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