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Regina García Lozano


OPINIÓN | Instituciones débiles

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Escenarios

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Nacional (INE) fijo los topes de campaña en la elección del próximo 1º de julio, para el cargo presidencial se estableció en 429 millones 633,325 pesos; es decir 93 millones 521,240.84 más que la última vez que se eligió presidente; ya que en el 2012 el techo de gasto para los presidenciales se fijó en 336 millones 112,084.16 pesos. En las precampañas, también quienes aspiren a volverse candidatos a la presidencia podrán gastar hasta 67 millones 222,417 de pesos.

Por otro lado, los aspirantes a una diputación podrán desembolsar más de 252,008 pesos y ya quienes se vuelvan candidatos tienen como tope un millón 432,111 pesos, este monto en el 2015 fue de un millón 260,038.34 y hace seis años de 1 millón 120,373.61.

Para el caso de Senadores, los montos cambian dependiendo del Estado; sin embargo, Veracruz, la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco es donde los candidatos a la Cámara Alta tienen números más holgados para gastar; cada candidato puede desembolsar hasta 28 millones 642,220 de pesos.

También el Consejo General del INE ejerció su facultad de atracción para homologar la fecha para el término de precampañas tanto locales como federales, así como el periodo para recabar el apoyo ciudadano entre los aspirantes independientes, esto debido a que habrá comicios concurrentes en 30 estados y de las legislaciones locales se desprendían 20 plazos diferentes.
Conforme al proyecto de acuerdo aprobado para los procesos locales y el federal, las precampañas no pueden extenderse más allá del 11 de febrero del 2018 y los aspirantes a candidaturas independientes a nivel local tienen para recabar apoyo ciudadano antes del 6 de febrero, con esta medida se busca evitar problemas con los tiempos de fiscalización y el reparto de prerrogativas en radio y televisión.

Pero lo realmente preocupante es que a ocho meses para las elecciones de 2018, las instituciones encargadas de velar por la certeza de los comicios están severamente golpeadas y si cada proceso electoral tiene sus dificultades con instituciones débiles se avecina un proceso difícil.

Todo parece indicar que llegaremos a 2018 sin un Fiscal General y sin un Fiscal Anticorrupción; con una Procuraduría General de la República (PGR) y una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE) prácticamente acéfalas; con un Instituto Nacional Electoral (INE) y con un Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación cuestionados.
Ante esta situación de crisis institucional, las consecuencias de haber demolido las instituciones son garrafales, ya que en lugar de solucionar el problema, profundizan la falta de credibilidad y de respuesta.

El problema radica en el diseño institucional con que contamos, al que se le añaden problemas de conducción, de acuerdos políticos para hacer funcionar las instituciones. Existen dos escenarios: uno optimista y otro negativo. En el primero, las instituciones seguirán arrastrando los mismos vicios y la falta de eficacia mínima, con una institucionalidad deficiente y con una prolongación de los problemas que se van a ir agravando, con el paso de los años.

En el segundo, vamos a tener una mayor debilidad de las instituciones, con expresiones de violencia mayor y también con mayores incapacidades para implementar políticas integrales que prevengan y contrarresten los problemas nacionales.
Pero más allá de una circunstancia de debilidad institucional, nos enfrentamos a una coyuntura que delata una situación de transición de las instituciones que ya habían definido sus limitaciones, a nuevas instituciones que a lo mejor tampoco van a resolver los problemas para lo que fueron hechas, pero tienen la intensión de solucionar los problemas.

Esto se debe a que existe una resistencia efectiva que se expresa en la implementación por parte del partido en el poder, porque a estas instituciones (los partidos) realmente no les conviene la transición.

Sin embargo, más allá de la decadencia o transición de las instituciones, los expertos señalan que el problema es grave y refleja diversas problemáticas nacionales: los vicios del sistema político mexicano, su corrupción y la debilidad de la sociedad, principalmente.

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