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Regina García Lozano


[OPINIÓN] Buena decisión

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Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que el robo de combustible ha crecido sin contención oficial durante todo este sexenio, el registro de tomas clandestinas pasó de mil 620 en 2012, a 6 mil 537 tan solo el año pasado.

Este aumento, que es de un 400 por ciento, indica que, en los primeros cuatro años del sexenio, se abrieron al menos 4 mil 917 tomas clandestinas; o un promedio de mil 229 por año, o más de tres cada día.

La explicación de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante el aumento, es la falta de presupuesto suficiente para seguridad así como la probable complicidad de trabajadores de la empresa y de autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Tanto Petróleos Mexicanos y las entidades de seguridad del Estado, han carecido de efectividad para detener el problema en los últimos años sino que, de acuerdo con la ASF, ni siquiera han podido establecer el volumen ni monto monetario de lo robado, por lo que se limita su capacidad para solucionarlo.

El robo de combustibles creció a pasos agigantados en los últimos años. En el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa las cifras pasaron de 323 tomas clandestinas en el 2007 a mil 635 en el 2012; un aumento en ese periodo de 406 por ciento. La tendencia continuó con Peña Nieto; su primer año de Gobierno cerró con 2 mil 612 tomas clandestinas, al finalizar el 2015 se reportaron 5 mil 252, de acuerdo con el Informe de Sustentabilidad 2015 de Pemex; esto es, un aumento del 101 por ciento.

Recientemente, la revista The Economist destacó que el robo de combustible es atribuido a un nuevo patrón de crimen en México, que tiene como punto focal al Estado de Puebla. En 2006 la red de oleoductos operada por Pemex tenía reporte de 213 tomas ilegales, el año pasado ese número saltó a más de 6 mil 800. Los robos costaron a la compañía 30 mil millones de pesos en ventas perdidas y facturas de reparación el año pasado. Los costos de reparación de estas tomas clandestinas fue de mil 767.7 millones de pesos sólo en 2016, y de 3 mil 70.8 desde 2011, periodo en el que la necesidad de recursos para este problema ha aumentado un 868.5 por ciento.

No sorprende que este delito sea catalogado como un asunto de riesgo para la población y fuera integrado en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 para su atención y prevención con la finalidad de evitar que este ilícito crezca, debido a que Tlaxcala por su ubicación territorial, se encuentra inmersa en una importante zona de riesgo.

Las autoridades estatales no están cerraron los ojos y han decidido afrontar el problema, pero este es un asunto de cooperación entre autoridades y ciudadanos.

Por lo cual es importante crear conciencia entre los habitantes del Estado que este es un delito que afecta a todos, con consecuencias mortales y el no denunciar nos convierte en cómplices.

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